El Gobierno nacional ha dado un paso significativo en la privatización de Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA). Este lunes, se autorizó la segunda etapa del proceso, que incluye la venta total de las participaciones estatales en tres centrales termoeléctricas. La medida fue formalizada a través del Decreto 1107/2026, publicado en el Boletín Oficial.
La privatización se enmarca en la Ley de Bases, que establece el proceso de salida del Estado de activos vinculados con la generación eléctrica. Las tres centrales que serán objeto de licitación son la Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A. (TMB S.A.), la Termoeléctrica José de San Martín S.A. (TSM S.A.) y la Central Termoeléctrica Guillermo Brown S.A. (CTGB S.A.).
En el caso de la Termoeléctrica Manuel Belgrano, el Estado pondrá a la venta el 65,01% del capital social, equivalente a 4.601.324 acciones. Por su parte, en la Termoeléctrica José de San Martín, se venderá el 68,83% del capital social, que representa 4.871.709 acciones. Ambas centrales fueron creadas en 2005 como parte de una estrategia para ampliar la capacidad de generación del sistema eléctrico argentino.
La situación de la Central Termoeléctrica Guillermo Brown es diferente, ya que la venta se realizará una vez que se complete la liquidación de un fideicomiso que actualmente gestiona la planta. Este fideicomiso tiene un plazo de extinción fijado para el 30 de septiembre de 2026. Hasta que se formalice la incorporación de ENARSA como accionista, no se podrá convocar la licitación para su venta.
El proceso de licitación será supervisado por el Ministerio de Economía, en colaboración con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. La normativa establece que el esquema licitatorio no incluirá un Programa de Propiedad Participada (PPP) ni otorgará preferencias, aunque se deberán respetar los derechos de preferencia de los socios privados en los estatutos de cada compañía.
La autorización para la privatización de estas centrales busca permitir que el sector privado asuma la gestión de actividades en la generación eléctrica, donde se considera que puede operar de manera más eficiente. Sin embargo, aún no se han fijado fechas para las convocatorias de las licitaciones ni se han definido los valores de referencia o condiciones que deberán cumplir los interesados.
Este avance en la privatización de ENARSA se enmarca en un contexto más amplio de reorganización de activos públicos en el sector energético. La medida es parte de un proceso que busca reducir la intervención del Estado en la gestión de la energía, permitiendo que el sector privado asuma un papel más preponderante.
Fuentes: Energía Online, Dinamicarg
